La directora de Innovación y Transferencia de la Universidad Alberto Hurtado lidera el desarrollo de una plataforma pionera que busca medir el potencial de impacto social de los proyectos de innovación.
La propuesta apunta a cambiar la forma en que se entiende la innovación en Chile: desde la transferencia tecnológica hacia una lógica de desarrollo territorial y conocimiento colectivo.
En Chile, los proyectos de innovación suelen evaluarse en base a criterios que consideran la viabilidad técnica y económica, la escalabilidad, o si se puede proteger a través de la propiedad intelectual. Pero, ¿cómo podemos medir el potencial impacto social de un proyecto de innovación? Esa fue la pregunta que dio origen al trabajo que hoy lidera Carolina Sepúlveda, quien relata en esta entrevista cómo, junto a un equipo interdisciplinario de la UAH, fueron recorriendo un camino de preguntas, trabas, cambio de lógicas, nuevos descubrimientos y respuestas. ¿El resultado? Una plataforma tecnológica que ya comienza a ver la luz.
—¿Cómo surge la necesidad de crear una metodología para medir impacto social?
Este proyecto nace porque en la Universidad desarrollamos iniciativas que tienen base en las ciencias sociales y las humanidades, y que buscan generar impacto social. Sin embargo, cuando uno quiere transferir estos desarrollos, se enfrenta a un problema: no existen herramientas claras para demostrar ese impacto de manera comparable y anticipada.
En la innovación tradicional —sobre todo la que proviene de las áreas STEM— existen evaluaciones estandarizadas. Por ejemplo, se mide si la tecnología es viable económicamente, si tiene mercado o si puede protegerse mediante propiedad intelectual. Pero en nuestro caso, el foco también está en el bienestar humano. Entonces la pregunta que nos hicimos fue la siguiente: ¿cómo acreditamos ese impacto antes de implementar los proyectos?
— ¿Y qué encontraron al revisar las metodologías existentes?
Nos dimos cuenta de que la mayoría de las metodologías miden el impacto una vez que el proyecto ya fue implementado. Eso no nos servía, porque necesitábamos evaluar antes de transferir. Entonces, cambiamos la pregunta. En lugar de medir impacto, decidimos medir el potencial de impacto. Ahí encontramos algunas metodologías, como el Social Return on Investment (SROI), pero tenía un enfoque muy limitado porque monetiza el impacto. Luego revisamos el Societal Readiness Level (SRL), utilizado en países nórdicos y que nos pareció mucho más interesante.
— ¿Qué propone ese enfoque y cómo lo adaptaron?
El Societal Readiness Level plantea que mientras antes incorpores a las comunidades y actores relevantes en el desarrollo de un proyecto, mayor será su impacto. Eso tiene mucho sentido, porque si diseñas con quienes serán usuarios o beneficiarios, aumentas las probabilidades de que la solución sea pertinente.
Pero detectamos que faltaba algo clave: la implementación real. Por eso incorporamos una dimensión adicional, que es la evaluación de las cadenas de valor. Es decir, analizamos cómo el proyecto se va a conectar con proveedores, socios, distribuidores y actores del territorio.
— ¿Cómo funciona concretamente la plataforma?
Es un software donde investigadores, empresas u organizaciones ingresan sus proyectos y declaran cómo los van a implementar: con quiénes se van a vincular, cómo han incorporado a los distintos actores y cómo se articula su cadena de valor.
A partir de esa información, la plataforma genera un puntaje de 0 a 9 —similar a los estándares tecnológicos internacionales— y entrega recomendaciones para mejorar el proyecto. No solo evalúa, sino que orienta.
— ¿Qué impacto podría tener esto en términos de desarrollo país?
Puede contribuir a algo muy relevante: la transferencia tecnológica. Cuando tú defines cómo vas a ser evaluado, también defines cómo las personas van a diseñar sus proyectos.
Hoy, en Chile evaluamos principalmente que se genere tecnología, pero no exigimos que esa tecnología se implemente en el país. Eso genera fuga de conocimiento a través de proyectos financiados con recursos públicos que terminan desarrollándose fuera.
Nuestra propuesta incentiva lo contrario: que los proyectos se conecten con pymes, con territorios, con actores locales. Eso genera encadenamientos productivos y, sobre todo, conocimiento colectivo.
— En ese contexto, ¿cuál es el rol cumplen las universidades?
En países como el nuestro, las universidades son fundamentales porque concentran gran parte de la generación de conocimiento. A diferencia de países desarrollados, donde las empresas invierten fuertemente en I+D, en Chile esa inversión es mayoritariamente pública y se canaliza a través de las universidades.
Ahora bien, el rol de la universidad no es necesariamente desarrollar productos o servicios. Por eso es tan importante la colaboración con las empresas. El problema es que aún existen barreras: hablamos lenguajes distintos y las políticas públicas no siempre tienen continuidad.
Entonces, lo que esperamos a futuro es que con este proyecto podamos generar incentivos y utilizar la innovación y trasferencia para el bien común, es decir, además de generar conocimiento, que sea posible tener un sistema de identificación de cadenas de valor productivas para incentivar la economía no solo en la capital, también en el resto de las regiones.