Pablo Toro-Blanco
Académico del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades
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¿Qué significó que el Estado obligara a los padres a enviar a sus hijos a la escuela? ¿Qué dijo la iglesia? y ¿Por qué los sectores más conservadores dudaron del sentido final de esta política pública? El análisis de esta emblemática ley, que este año cumple cien años, es del Doctor en Historia y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades UAH, Pablo Toro-Blanco.
En 1920 la mayoría de la población en Chile era rural, cerca de la mitad no sabía leer y los niños eran considerados mano de obra para sus familias. En ese contexto se promulgó la Ley de Educación Primaria Obligatoria número 3.654, que se aprobó el 26 de agosto de 1920 y que este año cumple 100 años, un hito para el sistema educativo nacional que la Facultad de Educación de la UAH instala como un momento para revisar la historia y proyectar lo que viene en un país que quiere ser más justo.
¿Qué decía la ley?
La ley establecía como principio al Estado como garante de la educación de niños y niñas, y obligaba a los padres y apoderados a que sus hijos fueran, por cuatro años, a un establecimiento de educación primaria fiscal, municipal o particular y los amenazaba con penas de cárcel si se negaban a cumplir con el mandato.
Para el Doctor en Historia de la P. Universidad Católica y actual académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades UAH, Pablo Toro-Blanco, esta noticia fue recibida con mucha alegría por el mundo político y los gremios docentes, pero el impacto inmediato no fue tan importante para las familias. Implementar la obligatoriedad fue muy difícil y el proceso muy lento, tanto para el Estado como para el sistema privado.
La ley recibió muchas críticas porque significaba sacar al niño de las faenas productivas y de alguna manera, se miraba la escolarización de una forma superflua: “para qué les iba a servir y cuál sería la gracia”, se preguntaba la gente y los terratenientes. La ley además tuvo la debilidad de no establecer un sistema paralelo que garantizara alimentación y vestuario infantil. “Muchos niños no podían cumplir con la obligatoriedad porque no tenían zapatos y necesitaban comer”, dice el académico.
Educar a la infancia fue una preocupación muy antigua. Pablo Toro-Blanco cuenta que los padres de la patria ya lo tenían entre sus prioridades y que, posteriormente, en 1860 se optó por una enseñanza gratuita para quienes tuvieran la capacidad de llegar a la escuela. En 1884, Argentina estableció la obligatoriedad escolar y fue un nuevo impulso para discutirla, hecho que coincidió con el periodo del presidente José Manuel Balmaceda, que puso en su programa la ley de instrucción primaria obligatoria. “Si uno mira la discusión parlamentaria la ley de la obligatoriedad se demoró casi 20 años en ser promulgada, pero la idea era de por lo menos 50 años antes” dice Pablo Toro-Blanco.
La incidencia del Estado en la promoción de la educación tuvo un debate con muchos matices, hubo sectores que defendían que eran las familias las que debían tomar la decisión de educar a sus hijos “de acuerdo con su propia naturaleza”, y no el Estado. Otros sostenían que si se garantizaba que los niños e hijos de sectores pudientes asistieran a la escuela pública, significaría que los sectores con más recursos necesariamente se iban a preocupar e invertir en los colegios y la educación pública sería de calidad.
“Es interesante ver que este debate entre lo público y privado viene dándose desde ese tiempo, mirando en perspectiva nosotros pensamos que la educación no es una opción, sino un derecho que el Estado debe garantizar”, sostiene el académico.
El factor de la iglesia
Otro de los factores que alargó la controversia por décadas fue el miedo de los sectores conservadores a la secularización y que la sociedad perdiera la impronta religiosa. Se oponían a la educación laica porque la ley finalmente dejó como materia optativa la enseñanza de la religión. Para el profesor Pablo Toro-Blanco, la separación de la Iglesia del Estado había dados pasos importantes como cuando se promulgaron las leyes laicas y se creó el registro civil en la década de 1880. “En concreto, cinco años después de la obligatoriedad, con la Constitución del 25, Iglesia y Estado se separaron definitivamente”, sostiene.
Bajos sueldos para los profesores
La promesa de tener escuelas en cada provincia significaba disponer de una cantidad importante de profesores a lo largo del territorio nacional. La normativa trató de encuadrar un reordenamiento de los docentes. Fundamentalmente, instaló un mecanismo de premios y sanciones, lo que significó que en los años siguientes los profesores empezaron a criticar la normativa porque los perjudicaba desde el punto de vista económico. En resumen, alegaban que “les pagaban menos”, cuenta el historiador. Lo mismo pasó con las escuelas. La ley de 1920 estableció que iban a recibir una subvención, y el traslado de dinero fiscal a privados se convirtió en una política educativa permanente. Pero, la construcción de locales educacionales de forma sostenida partió recién en la década del treinta en adelante: “En la época que estamos hablando se arrendaban casas grandes que a veces eran apropiadas para servir de escuelas, pero no siempre”.
Pese a que la aplicación se demoró varias décadas en concretarse, sucesivas reformas educacionales propusieron ampliar la cobertura y adecuar los objetivos educacionales a las necesidades del país.
Libro y conferencia
Este año se cumplen cien años de esta ley que se recuerda como un gran momento para la comunidad educativa, porque instaló “vivir una experiencia compartida y promover la interacción social como base de la democracia”, dice Toro-Blanco.
El próximo 26 de agosto el Departamento de Política Educativa y Desarrollo Escolar de la Facultad de Educación de la UAH conmemora este hito con la Conferencia «A 100 años de la ley de educación primaria obligatoria en Chile: Una visión del pasado, presente y futuro».
El encuentro reúne a Carolina Flores, decana de la Facultad de Educación UAH, Juan Eduardo García-Huidobro, profesor emérito UAH, María Teresa Rojas, académica Facultad de Educación UAH y Pablo Toro-Blanco, académico Facultad de Filosofía y Humanidades UAH.
A este evento se suma la reflexión actual del sistema educativo con la publicación del libro “A 100 años de la Ley de Educación Primaria Obligatoria en Chile. Una visión del pasado, presente y futuro”, de ediciones UAH, editado por la Doctora en sociología de la Educación de la Universidad de Londres y académica de la UAH, Alejandra Falabella y el Doctor en ciencias de la educación, Juan Eduardo García Huidobro.
Según Pablo Toro-Blanco, son textos cortos que entregan una reflexión de cómo se ha desarrollado el sistema educativo en su conjunto y en sus subsectores, con foco en los desafíos presentes y futuros. El punto de base es mirar históricamente cómo el Estado se comprometió a que toda la población tuviera una experiencia de escuela y atender a los debates actuales que son cada vez más complejos como, por ejemplo, “la deserción escolar que, parecía un problema resuelto, pero vemos que puede aumentar a propósito de la crisis económica derivada de la pandemia, y también los elementos del sentido y propósito futuro de los educadores”, concluye.
Los autores de esta publicación son el investigador del Centro de Investigaciones Socioculturales (CISOC) de la UAH y académico del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, Luis Bahamondes, el sociólogo, profesor asistente del Departamento de política educativa y desarrollo escolar de la Facultad de Educación de la UAH, Cristóbal Madero y la Doctora y Magíster en ciencias de la educación de la P. Universidad Católica de Chile, Camila Pérez.
La invitación a participar de esta actividad es para el próximo miércoles 26 de agosto, a las 17: 30 horas, vía transmisión en vivo por UAH TV DIGITAL en www.uahurtado.cl/tvdigital
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