Victoria Castro
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Este es el lema del “Acta de Tarapacá”, documento que pone el grito en el cielo por la crisis del agua en Chile. Firmado por los científicos más importantes del país declara el problema del agua como prioridad nacional y exige el Estado que la proteja y garantice como un derecho humano inalienable. Aquí la postura de Victoria Castro, investigadora del Departamento de Arqueología de la Universidad Alberto Hurtado.
Un llamado de atención de parte de la comunidad intelectual, científica y académica de Chile ocurrió cuando se presentó el Acta de Tarapacá, un documento creada por científicos e investigadores de las universidades de Tarapacá, de Chile, Católica de Chile, Alberto Hurtado y del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas -que resume los resultados del proyecto Conicyt PIA “Cambios sociales y variabilidad climática a largo plazo en el Desierto de Atacama”. El acta exige al Estado declarar el problema del agua como prioridad nacional, que la proteja y garantice como un derecho humano inalienable, y que para ello reconozca a este elemento vital como no renovable, al tiempo en que plantea la necesidad de su desprivatización y desmercantilización, entre otros puntos.
Victoria Castro, Premio a la Excelencia en Arqueología de Latinoamérica y el Caribe 2018, académica del Departamento de Antropología de la Universidad Alberto Hurtado, y una de las convocadas en el Acta, explica que este manifiesto nace de la necesidad de hacer público este problema: “Es un llamado de atención que como científicos ponemos a disposición de la sociedad, basado en nuestras investigaciones, así como lo han hecho las comunidades del Norte de Chile con sus experiencias herederas de la historia de varios cientos de años (…) Juntos podemos crear una cultura ambiental que sustente el preciado recurso para las presentes y futuras generaciones”, explica.
Según la declaración, en los últimos decenios, “las napas subterráneas han descendido varios centenares de metros, debido a su sobreexplotación y a que las precipitaciones en la zona andina son cada vez más escasas y erráticas, efecto del cambio global”, y las tasas actuales de extracción para fines industriales, rurales, urbanos y domésticos se presentan como insostenibles. En este contexto, el “Acta de Tarapacá” concluye que “la creciente presión sobre un recurso finito, así como el aumento de los conflictos socio ambientales, las fallas y problemas regulatorios del sistema chileno y la relación de las personas con el agua, sumado a los efectos del cambio climático, nos interpelan y evidencian la urgente necesidad de pensar, reunidos los más diversos agentes de la sociedad, en cómo articular profundos cambios culturales para evitar el agotamiento de este elemento”.
Victoria Castro cuenta que el diagnóstico de la falta de agua en el norte grande del país se debe a un uso indiscriminado y abusivo del recurso con fines urbanos e industriales, que recién ahora, empieza a buscar soluciones macro efectivas como pueden ser plantas desalinizadoras de agua de mar. “Se ha extraído más de lo que se tiene, convirtiendo por ejemplo, verdes bofedales en salares, sin pensar en soluciones integrales y contribuyendo a la extinción de un modo de vida agropastoril y de esa manera, obligando a la población originaria a una migración forzosa, hacia cordones urbanos de pobreza (un tema larguísimo de comentar). Por otra parte, el Estado tiene leyes poco restrictivas hacia estas malas prácticas”.
Para la académica, El Acta de Tarapacá, es el grito de alarma hacia los chilenos que es compartido por los Premios Nacionales y que luego se entregará al Presidente de la República. “Queremos que esta propuesta llegue a la sociedad, porque en primer lugar se hace necesario educar a toda la población en el cuidado extremo del recurso, desde la educación parvularia hasta la educación superior y el Estado debe ser capaz de imponerse hacia la extracción indiscriminada y por tanto debería desmercantilizarse, establecer políticas públicas definidas que incentiven el uso responsable del recurso. También el Estado debe promover metodologías de investigación interdisciplinarias participativa y educación ambiental sostenida y regular para cambiar las actitudes hacia este bien preciado; considerar que sin agua, no hay vida y ésta sola mención debiera ser aprehendida y obligar a generar buenas prácticas de uso del recurso en toda la población”.
ÉTICA EMPRESARIAL
-¿Este mensaje se dirige hacia a la comunidad civil y también a los empresarios? ¿Pero históricamente no ha habido diálogo entre las partes?-
-Comunidad y empresarios tienen que ver con este recurso, pero no se tocan, no se miran, no se conocen. Hay una responsabilidad del Estado en cuanto por un lado, enfrente este problema, debiera hacer un esfuerzo sostenido en considerar los saberes de los pueblos originarios que son los mayormente afectados por la gran minería. El Estado no ha escuchado la sabiduría de los pueblos originarios en el cuidado del agua; la población urbana, no ha sido educada en buenas prácticas en el uso del agua. Es necesaria una educación comunitaria urgente y en cuanto a los empresarios, una actitud ética y moral, buscar medios tecnológicos más sustentables (por ejemplo estas plantas desalinizadoras ya mencionadas de agua de mar) y respetar los acuerdos de protección hacia la población que existen pero no se aplican.
Se ha hecho común la política de los hechos consumados y una vez destruido y transformado un territorio por malas prácticas, se hacen acuerdos con las comunidades, pero ya no hay vuelta atrás. En fin, hay ejemplos de estos días con el tema del litio; basta escuchar las noticias. El mensaje concreto es: cambiar las malas prácticas en el uso del agua. Aprender a conservarla para todos y que el país tenga un crecimiento económico y social que vaya de la mano.
El Acta de Tarapacá se sustenta desde la investigación interdisciplinaria del proyecto CONYCIT/PIA Anillo Soc1405 que reúne investigadores provenientes de las Ciencias Naturales y Ciencias Sociales con sus especificidades, ecólogos, paleoclimatólogos y cientistas sociales (donde se sitúa la arqueología y antropología social) y sus particulares aportes para construir opinión.
– ¿Cómo la academia debería implementar el diálogo entre las partes que jamás han conversado?-
– Lo estamos empezando a hacer, en la medida en que hay investigación básica desarrollada intersdisciplinariamente, pero debemos convertirnos en unos buenos comunicadores sociales para romper esta escisión entre la universidad y la sociedad. Porque somos parte de ella y más allá de conferencias y charlas que sin duda hacemos, pero aún acude una elite, tendremos que ser predicadores en las comunidades cercanas a nuestras áreas de estudios y usar los medios de comunicación, las redes sociales y difundir. Pero especialmente son los gobiernos del país, quienes deben inmiscuirse con nosotros en este diálogo, también los políticos que nos representan; los gobernantes y la sociedad deben inmiscuirse en este diálogo que debe ser permanente.
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