Creció en los años ochenta, en plena dictadura, siendo testigo de hechos que marcaron profundamente a su generación. Desde joven, Katerine Henríquez, trabajadora social y hoy doctora en Trabajo Social por la Universidad Alberto Hurtado, se sintió interpelada por los temas de derechos humanos y memoria. Su trayectoria profesional —más de veinte años acompañando procesos de reparación a víctimas de violencia sexual y política— derivó en una investigación que busca dar densidad teórica a esa experiencia.
“Mi tesis de pregrado ya abordó la tortura y la violencia sexual, y luego trabajé directamente con mujeres, niñas y niños víctimas de estos hechos”, recuerda. “Ese trabajo cotidiano me dejó muchas preguntas que la intervención no alcanzaba a responder. Sentí la necesidad de mirar más a fondo, desde la investigación, qué significaban esas experiencias y cómo se había abordado profesionalmente este fenómeno”.
Su tesis doctoral, “Insurrectas y desobedientes. Prácticas de intervención social en violencia política sexual en la dictadura cívico-militar 1973-1990”, centra la mirada en las trabajadoras sociales que atendieron a víctimas durante la dictadura. “Me parecía importante reconocer el rol de las trabajadoras sociales en la atención, acompañamiento y registro de estas violencias”, explica. “Históricamente, el Trabajo Social ha sido una disciplina invisibilizada, vista como auxiliar de otras profesiones, cuando en realidad ha sostenido gran parte del trabajo de reparación en derechos humanos”.
A partir de sus testimonios, Henríquez constata que la violencia sexual fue una política sistemática del régimen, utilizada como una táctica de disciplinamiento sobre el cuerpo de las mujeres. “No fueron casos aislados, sino una estrategia de terror desde el primer día del golpe”, afirma.
Los documentos revisados —muchos elaborados por las propias asistentes sociales— muestran registros de abusos en allanamientos, ocupaciones militares o detenciones masivas, muchas veces ausentes en los informes Rettig y Valech. Pero su investigación también da cuenta de un hallazgo más sutil: el silencio de las víctimas como una forma de resistencia. “Muchas mujeres eligieron callar, no solo por miedo o vergüenza, sino para preservar el lazo social y la organización colectiva en la resistencia. Ese silencio, más que pasividad, fue una forma de resguardar la comunidad”, reflexiona.
La doctora en Trabajo Social UAH también dirige una mirada crítica a los programas de reparación vigentes: “Siguen centrados en la lógica del trauma individual, lo que termina despolitizando el fenómeno. Ponen el énfasis en el daño psicológico, sin mirar las condiciones estructurales de desigualdad y poder que permitieron esa violencia”. Su propuesta es avanzar hacia una reparación integral, que reconozca tanto la dimensión política de la violencia como la capacidad de resistencia de las mujeres.
Aunque su tesis se enfoca en el periodo 1973-1990, advierte continuidades en el presente. “Durante el estallido social de 2019 hubo más de 300 denuncias por violencia sexual policial, de las cuales solo una llegó a condena. Los relatos repiten las mismas lógicas de amedrentamiento, castigo y control sobre el cuerpo de las mujeres”, cuenta. También identifica prácticas similares en los contextos migratorios actuales, especialmente en el norte de Chile, donde mujeres y niñas son víctimas de abusos y trata de personas. “Hay una continuidad estructural: el cuerpo femenino sigue siendo campo de disputa, disciplinamiento y mensaje político”, advierte.
De cara al futuro, Katerine Henríquez proyecta su trabajo hacia un horizonte comparativo y latinoamericano: “Mi sueño es realizar un postdoctorado que analice cómo se ha trabajado la violencia sexual en contextos de guerra y represión en otros países como México, Colombia o España”, comenta. “Hay experiencias muy potentes de mujeres organizadas que transforman el duelo en resistencia. Quisiera estudiar esas prácticas para seguir construyendo conocimiento feminista y latinoamericano sobre reparación y justicia”.