En un entorno donde las respuestas parecen estar a un solo clic, la Facultad de Derecho y la Facultad de Ingeniería de la Universidad han decidido levantar una bandera de advertencia: la rapidez no es sinónimo de justicia. Bajo el nombre de “Conceptos constitucionales para la justicia”, este proyecto que en julio se adjudicó el Fondo de Investigación Interdisciplinaria Aplicada (FIIA) de la Dirección de Innovación y Transferencia (Vicerrectoría de Investigación e Innovación), busca transformar el icónico “Diccionario constitucional chileno” en una plataforma de inteligencia artificial generativa. ¿El objetivo? Combatir la desinformación jurídica y entregar certezas en una década de cambios jurisprudenciales que los buscadores gratuitos hoy confunden o, de plano, inventan.
En el mundo del Derecho existe un fenómeno extraño llamado long-seller: libros que logran resistir el paso del tiempo en medio de miles de leyes cambiantes. El “Diccionario constitucional chileno” (2014) es uno de ellos. Sin embargo, diez años de procesos constituyentes fallidos, nuevas leyes y miles de sentencias han dejado una brecha que el papel ya no puede llenar.
El proyecto, liderado por Cristóbal Arrieta, académico de la Facultad de Ingeniería, el académico de la Facultad de Derecho y el director del Núcleo Constitucional, Gonzalo García, busca crear una herramienta de IA que, a diferencia del ChatGPT, tenga “permiso para decir que no” y se base exclusivamente en información verídica.
Este proyecto nace de un cruce poco común entre el Derecho y la Ingeniería. ¿Cuál es la urgencia de actualizar el “Diccionario constitucional chileno” bajo este nuevo formato?
—La urgencia es recuperar 10 años de desarrollos jurisprudenciales. El origen está en el Diccionario de 2014, que fue un texto de enorme difusión y pedagogía básica. Pero hoy enfrentamos un doble desafío: actualizar el contenido de una década y responder a un acceso masivo a la jurisprudencia que hoy es “artesanal”.
Usted menciona que hoy cualquier persona usa IA para consultas jurídicas. ¿Qué riesgos han detectado en las herramientas que ya existen, como los buscadores gratuitos?
—La información es extremadamente errada, a niveles superlativos. Hay equivocaciones en artículos constitucionales y referencias. Es como una trampa: para salir adelante con el conocimiento hoy parece que hay que ir empujando con dinero, lo que consagra desigualdades en el acceso. Pero hay algo más profundo: la IA gratuita intenta persuadir, quiere quedar bien con el usuario para que la experiencia sea positiva. Pero la vida no es así. En los casos de justicia no siempre hay respuestas positivas. A veces la respuesta es negativa o, simplemente, la reflexión no existe todavía. Nuestra plataforma tendrá la capacidad de decir “no sé” o “sobre esto no hay interpretación”.
¿Cómo afecta esa “IA complaciente” a la formación de las nuevas generaciones?
—Es preocupante. Un alumno me escribió desesperado porque no encontraba un artículo que la IA le juraba que existía. Al final, no creía en su propio texto ni en el buscador oficial. Eso afecta los contenidos educativos básicos. Es un trabajo arduo volver a sostener la verdad y la existencia de pautas racionales frente a una técnica que tiene sesgos de confirmación y prejuicios.
¿La plataforma está pensada como un buscador de conceptos o como un asesor de estrategias legales?
—Buscamos una interacción móvil tipo chat, pero pensada como un diálogo entre un juez y un profesor: alguien con un conocimiento superior a la media que te permita encontrar el camino para desarrollar una estrategia jurídica, litigar mejor u ordenar ideas en torno al derecho vigente. No es una explicación plana, es una herramienta para resolver problemas complejos.
Por ejemplo, el derecho que persuade es aquel que tiene buenos fundamentos y es coherente. Los jueces deben ser profesionales; no pueden decidir lo que les parezca o basarse en un “sentimiento de justicia” prejuicioso. La IA nos permite mirar de modo conjunto las cuestiones constitucionales como un sistema. Nos permite examinar, por ejemplo, criterios sobre regresividad en derechos sociales o irretroactividad en propiedad. Aunque no haya precedentes, se pueden aplicar criterios de casos iguales para evitar que se decida de modo arbitrario.
Considerando el momento político del país, ¿cuál es el aporte social definitivo que esperan entregar?
—La inteligencia artificial nos permite acompañar los procesos más cerca del momento en que se producen las sentencias. Queremos facilitar la vida de jueces, juezas, abogados y abogadas, pero también de cualquier ciudadano o periodista que quiera indagar antecedentes. La democracia es adoptar decisiones legítimas, pero sin arrasar con los derechos de las minorías. Para eso están estas herramientas: para encontrar los núcleos interpretativos que nos protejan hacia adelante.